Lo que en otros tiempos era algo impensable, ahora puede ocurrir en las mejores casas. Con uno o varios miembros en paro, a veces los números no salen. Imprevistos o pagos de última hora, pueden provocar descubiertos en la cuenta. Es en esos momentos, cuando el banco valora, en función de nuestra vinculación y relación, la posibilidad de atender los recibos o no. Es decir, tiene en consideración si existe nómina domiciliada, ingresos periódicos y si se trata de una ocasión excepcional.
Se dispone de un plazo máximo de 90 días para regularizar el saldo negativo, de lo contrario, pasa a considerarse un crédito de dudoso cobro. Llegados a este punto, existe el riesgo de ser incluido en los registros de morosos. Estar en estas listas ocasiona problemas a la hora de solicitar un préstamo o hacer una compra a plazos. Por ello, si se es consciente de que la cuenta está en números rojos, se debe ingresar el dinero en efectivo antes de las once de la mañana para que esté disponible ese mismo día. En el caso de que se emplee un cheque, si es del propio banco es suficiente con que se deposite ese mismo día, pero si es de otra entidad, se tendrá que hacer con un mínimo de dos días de antelación.
Si se ve inmerso en una situación límite de bancarrota doméstica, puede tramitar una refinanciación de deuda, especialmente si uno de los préstamos es hipotecario. De este modo, consigue pagar una única cuota al mes y reducir de forma significativa la cantidad mensual a abonar. Por contra, el crédito reunificado tendrá una duración mayor en el tiempo y, a la larga, el coste final será más alto.
La negociación de la refinanciación con el banco se puede llevar a cabo de tres formas diferentes. Bien alargando el plazo de la hipoteca, con lo que la cuota mensual será menor y con el remanente se pagarán otras deudas, pero el periodo de devolución se prolongará en el tiempo. Otra vía consistirá en ampliar el crédito hipotecario en importe. O, por último, cancelando todos los préstamos y contratando uno nuevo de mayor cantidad y a más largo plazo, lo que podría ser la opción más cara. En términos generales, hay que tener presente las comisiones bancarias, gastos de notario, e impuestos. En la medida de lo posible, hay que evitar los intermediarios, si se necesita asesoramiento acudir a una asociación de consumidores. Desde hace años proliferan las empresas especializadas en reunificación de préstamos, pero éstas suelen cobrar comisiones altamente abusivas y no están sujetas al control del Banco de España.
En caso de optar por la refinanciación, la entidad puede pedir garantías complementarias, que se aportan directamente o mediante la inclusión de un avalista, quien debe conocer los riesgos que asume. Por ayudar a otra persona, puede acabar perdiendo su propio patrimonio, por lo que la decisión es tan seria como la del propio hipotecado. El avalista debe estar seguro de poder pagar el préstamo si se produce un impago del titular. Como consejo, previamente hay que negociar los términos del aval, pudiendo ser garante sólo de la partida inicial, evitando obligaciones sobre intereses, abogados u otros gastos adicionales. Además, hay que solicitar copias de todos los documentos relativos al préstamo y pedir recibir notificación por escrito al avalista si el deudor original se salta algún pago, así se contará con tiempo de reacción.
Por desgracia, aún reunificando deudas, a veces se llega demasiado tarde y se pasa a formar parte de los registros de morosos. En otras ocasiones, la inclusión en estos ficheros es debido a pagos de cuotas de teléfonos móviles que se han dejado de pagar u de otros contratos en los que no se ha leído la letra pequeña, por lo que hay que revisar bien todos los recibos. Existen dos tipos de “listas negras” que son consultadas por las entidades de crédito. Por un lado el RAI, Registro de Aceptaciones e Impagados, donde aparecen los impagados de cheques, pagarés y letras aceptadas. Y por otro lado, la ASNEF, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, en la que se registran las deudas con entidades financieras, tarjetas de crédito, o compañías de servicio (luz, telefonía,…).
La inclusión en estos ficheros debe ser comunicada al interesado en el plazo de 30 días. En dicha notificación, se explicará la finalidad del registro, qué entidad le ha incluido, la cantidad que se debe y la fecha de anotación, así como los diferentes sistemas para cancelar la deuda. Si los datos no fueran correctos, se puede solicitar cancelación o rectificación. La inscripción en estas “listas negras” tiene un plazo máximo de seis años, tiempo en el que se podría impedir la obtención de cualquier operación financiera, ya sean créditos, préstamos, tarjetas, etc. Si se paga la deuda, los acreedores están obligados a comunicar la cancelación en el plazo de una semana.
Desgraciadamente, una de las consecuencias más graves a las que está llevando el aumento de la morosidad a nivel doméstico, es el incremento sustancial de los embargos. Esta desagradable situación, se debe evitar en la medida de lo posible: realizando un estudio de la situación financiera, priorizando deudas, negociando con el banco y acreedores, solicitando ayuda al entorno inmediato,… Una vez agotadas todas las vías, y aunque en la situación actual resulta complicado, siempre es mejor intentar vender el inmueble antes que sea subastado. Si el impago de la hipoteca persiste, se entra en las “listas negras” anteriormente mencionadas y posteriormente la entidad inicia el proceso de reclamación judicial, que puede tardar entre 8 y 18 meses.
Ante estas situaciones extremas, uno puede declararse insolvente mediante la Ley Concursal, la primera vez que se aplicó a las personas físicas fue en octubre de 2006. Pero este proceso judicial es muy costoso y requiere de asesoramiento profesional. En todo caso, nunca hay que perder el ánimo y conservar la calma. Dejar de lado las decisiones emocionales, para realizar un estudio exhaustivo de la situación y pedir ayuda tanto a familiares, amigos como a profesionales. Ajustar las cuentas puede ser duro, pero necesario.
