Desde que estallara la actual crisis financiera se ha escrito mucho sobre las agencias de calificación crediticia. Su labor en el mercado financiero comenzó en 1909 cuando fue necesario realizar valoraciones sobre las emisiones de obligaciones de las compañías de ferrocarriles de Estados Unidos, con el fin de tener una referencia externa sobre su evolución crediticia y evaluar sí invertir en sus activos financieros.
El sistema está formado principalmente por tres agencias de origen norteamericano, Standard & Poor’s, Moody’s y Ficht, no existiendo ninguna a nivel europeo que se dedique a estas mismas funciones. Ficht es la más pequeña de las tres, formando Standard & Poor’s y Moody’s casi un oligopolio. Esto supone que no existe en realidad competencia y que la entrada de nuevos actores sea más complicada.
Su principal objetivo es facilitar información a los inversores para que cuenten con un juicio sobre la situación de las organizaciones emisoras (empresas, instituciones, gobiernos, etc.) para estudiar la adecuación de la inversión a realizar. Sus clientes suelen ser las propias empresas evaluadas, ahora bien, éstas pueden no hacer pública la valoración que han recibido. En España, se exige una calificación para la inversión colectiva y los procesos de titulización crediticia, que venden créditos entre el público, pero cualquier empresa emisora puede solicitar de forma voluntaria la calificación de su deuda, con el fin de facilitar su venta en los mercados internacionales.
Los informes que emiten están basados en los datos que les facilitan las propias compañias a analizar. La asignación de los rátings no conlleva una recomendación de compra o venta de activos, es un dato más a tener en cuenta en el análisis de la inversión que se plantea. En definitiva, es una opinión sobre las expectativas financieras y riesgo que asume la empresa.
A pesar de que existen diferentes organismos oficiales para la supervisión de la mayoría de los actores en el mercado financiero, las agencias de calificación no están controladas por ninguno, siendo en la actualidad punto de reflexión en la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) dio un paso al aprobar en 2004 un Código para la autorregulación de las agencias de calificación.
El poder de las agencias es muy alto porque evalúan también la deuda pública de los países, y su opinión influye en las decisiones de muchos inversores. Deben de estar haciendo bien su trabajo porque sus calificaciones son tenidas en cuenta por el mercado. Durante este mes, Ficht ha revisado el rating de la deuda española a la baja y se mantiene en revisión por parte del resto de agencias.
El objetivo de la calificación es determinar la calidad de la deuda a emitir, es decir, establecer la probabilidad de impago del capital y de los intereses. En definitiva lo que se realiza es una evaluación del riesgo de las operaciones. El sistema utiliza una serie de códigos de letras en función de la agencia de rating y el plazo de la deduda emitida analizada. Es un mundo de combinaciones con las letras A, B, C y D, que se distribuyen en grado de inversor y grado especulador. La mejor calificación que se puede otorgar a una empresa emisora es una triple A (AAA), y la peor una triple C (CCC). En medio, quedarían las demás clasificaciones. Disponer de una A supone que la deuda que se ha emitido cuenta con garantías de cobro, y la garantía de percibir los intereses es muy alta. En cambio, si se trata de B, o BB, existe un nivel de riesgo más alto. C sería una muy mala calificación, que indica que pasa por graves dificultades financieras y tiene muy poca capacidad para reembolsar su deuda. CC y CCC serían muy malos indicadores.
En las respectivas websites de las agencias se puede encontrar la metodología utilizada para la concesión de las calificaciones aportando mayor transparencia al proceso y mayores garantías, recordando siempre que son opiniones realizadas a partir de la información disponible de la compañía.
