La presentación del estudio La economía sumergida en España realizada esta semana en Valencia, sigue poniendo de relieve la incidencia que tiene este tipo de actividad económica en cuanto a datos macroeconómicos. La OCDE, en función de las regulaciones locales, define la economía sumergida como “aquellas actividades que son productivas en sentido económico, pero son ocultadas intencionadamente a las autoridades fiscales, laborales o a la seguridad social”. Por tanto, aquí no se incluyen aquellas actividades que son ilegales desde el punto de vista de la realización de dichos actos.
Las actividades fuera de la contabilidad oficial suponen en España entorno al 20% del Producto Interior Bruto (PIB) según diversos estudios realizados; dato importante en cuanto supone un porcentaje muy elevado respecto a nuestros socios europeos comparables (Francia 10%, Reino Unido 10% Alemania 13%, etc.). Asimismo, de la última encuesta del CIS se desprende que el 76% de los ciudadanos consideran que se deberían dedicar más recursos a combatir el fraude fiscal. Por tanto, que la Administración marque líneas estratégicas para reducir esta brecha tendría el respaldo de la sociedad, y una reducción de 5,5 puntos porcentuales sobre el PIB de dichas actividades reportarían al Estado entre 18.000 a 20.000 millones de euros al año, lo cual representaría entre 1,8-2,0% de nuestro PIB y, por tanto, se reduciría el déficit público en porcentajes similares. Los datos facilitados son aproximaciones, pues los diferentes métodos de trabajo para calcular la economía sumergida ofrecen resultados diversos, aunque se mueven siempre dentro de una horquilla reducida.
Un análisis sectorial como el realizado en el Informe Visa llega a la conclusión de que aquellos sectores con mayor formalidad contractual tienen menores niveles de economía sumergida (suministro eléctrico, servicios financieros,…). Por otra parte, construcción, sector manufacturero y ventas mayoristas-minoristas son los que mayores tasas de economía sumergida reflejan. En concreto, la complejidad de la regulación para la creación de empresas, fiscalidad y en el ámbito laboral dificultan su cumplimiento especialmente a la pequeña empresa. Hay que tener en cuenta que en España, el tejido empresarial está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.
Existen diversas medidas que desde la Administración pueden tomarse en cuenta para reducir esta parte de la economía fuera de la oficial. Algunas de ellas vienen recogidas en el documento de trabajo realizado por la Fundación de Estudios Financieros.
La más importante podría ser la Reforma fiscal. Existen diversos tipos de impuestos que afectan a las empresas y ciudadanos. Se debería comenzar por simplificar las figuras impositivas, bajar los tipos nominales de los impuestos acompañadas de una revisión de las deducciones disponibles. Con la eliminación de la deducciones y bonificaciones sería necesario analizar su impacto en determinados sectores estratégicos (I+D+i, formación, TIC, etc.), pues permiten modernizar al mismo tiempo la estructura empresarial.
En el ámbito fiscal también debería pasarse de un sistema de comprobación de cumplimiento de la normativa fiscal a otro donde se primara la investigación en aquellos sectores en los que las estadísticas reflejan mayor índice de actividad sumergida.
Es importante mejorar la sensibilización de los ciudadanos a través de la información, comprensión y educación fiscal. Recordemos el famoso eslogan “Hacienda somos todos”. Al final, toda la sociedad sale beneficiada del afloramiento de la economía sumergida ya que reportaría mayores ingresos al Estado y permitiría mayor gasto e inversión.
