El suministro de energía es esencial para la sociedad y los sectores energéticos son una parte muy importante de la actividad económica. La planificación energética es un instrumento que utiliza la Administración, como parte de la gestión del interés público, cuya finalidad es encauzar, racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética, con el objetivo de dar seguridad de suministro, en condiciones de competitividad y sostenibilidad.
El peso del sector residencial y terciario en la estructura del consumo energético español es aproximadamente del 30% (excluidos los usos no energéticos), superando ligeramente el consumo de la industria.
La Administración Europea ha sido sensible a la importancia del consumo energético de los edificios y ya en 2002 presentó la Directiva 91/2002 de Eficiencia Energética de Edificios, introduciendo la certificación energética obligatoria de los edificios de la UE a partir del 2006. Posteriormente, en 2010 la Directiva 31/2010 pretende unificar la experiencia de los países que habían cumplido con la transposición de la primera directiva así como profundizar en los instrumentos de avance en esta materia.
La situación de España, incluida en el grupo de países retrasados en la materia, fue la publicación del RD 47/2007 de desarrollo parcial de la Directiva 91/2002 que afecta a la certificación energética de los edificios de nueva construcción y el proyecto de RD de 28/06/2012, actualmente pendiente de dictamen del Consejo de Estado, que ya recoge los aspectos de la nueva Directiva 31/2010.
En este contexto de incertidumbre ante la nueva regulación ,con la expectación del sector industrial interesado y con la escasa información de los particulares que son propietarios de mas del 90% de las viviendas de nuestro país, parece inminente la obligación de que todos los edificios y casas que se alquilen o vendan deben contar con una certificación, cuyo resultado se indicará mediante un etiquetado similar al que ya acompañan a los electrodomésticos, que describa su eficiencia energética, en una escala de siete letras ascendentes que va desde la A (más eficiente) a la G (menos).
Por lo que se ha podido conocer de la nueva normativa de cuya aplicación serán responsables las CCAA, está orientada a facilitar la simplicidad de la certificación y por tanto su coste. Incluirá entre otros aspectos la regulación de la figura de los técnicos certificadores (en principio arquitectos e ingenieros).
Además del objetivo de eficiencia energética en el que se estiman ahorros posible en torno al 20%, sin duda la nueva regulación tendrá efecto positivo sobre el mercado inmobiliario y en la creación del empleo en sectores ligados a la construcción, climatización y energías renovables que tan duramente vienen soportando la crisis.
La experiencia de otros países más avanzados en iniciativas para la eficiencia energética marca el camino para lograr que las nuevas regulaciones sean percibidas como instrumentos útiles al servicio de consumidores informados y sobre todo muy mentalizados, más que como la imposición de un mero trámite administrativo.
