En los últimos días el Protocolo de Kioto está en boca de todos, ello se debe fundamentalmente al hecho de su elevada trascendencia dentro del sector industrial español, puesto que limita en los procesos de producción de los países suscriptores las emisiones a la atmósfera de determinados gases que son los principales causantes del “efecto invernadero”.
El origen de Protocolo de Kioto, tuvo lugar en el pacto al que llegaron los gobiernos en la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Kioto, en 1997 para reducir la emisión de gases. El objetivo de este pacto es alcanzar en 2012 niveles de emisión de los gases un 5,2% inferior de lo que estaban en 1990.
La aprobación del Protocolo no ha sido fácil fundamentalmente después de que Estados Unidos manifestase, en el año 2001 su intención de no suscribirlo, teniendo en cuenta que es el causante del 36% de las emisiones, parecía inviable que fuese finalmente ratificado. La Unión Europea dio un impulso importante a su ratificación y tras la adhesión de Rusia, el Protocolo es hoy una realidad.
Este documento establece, qué permisos de emisión de dióxido de carbono tiene cada uno de los sectores y compañías, pidiendo estos porcentajes ser flexibles en algunas circunstancias. Para asegurar que, tanto España como el resto de los países, cumplan finalmente con lo que se espera de ellos, se ha puesto en marcha el Mercado Europeo de Emisiones, donde las empresas pueden acudir a él para comprar y vender derechos de emisión de CO2, y ajustarse así a los compromisos de Kioto.
En el ámbito de la Unión Europea, que ha sido uno de los firmes precursores de su firma, y desde octubre de 2003, la eurozona se ha dotado de un sistema propio de comercio de derechos de emisión de forma integrada con la política europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Por otro lado, se han publicado varias Directivas, destacando la Directiva 2003/87/CE que establece el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones o ETS (European Trading Scheme) basado en el Protocolo de Kioto. En esta Directiva se establece el reparto de emisiones entre los distintos países y sectores a través Planes Nacionales de Asignación de los Estados Miembros, que contemplan un primer periodo de compromiso de 2005 a 2007 y sucesivos periodos.
En este sentido la Directiva establece que los emisores de dichos gases deberán contar con un permiso que les autorice a un cierto nivel de emisión y las obligaciones correlativas de seguimiento y notificación de las emisiones. En el caso de incumplir, las empresas verán su nombre e incumplimiento publicado, además de las sanciones económicas que se irán incrementando conforme se vaya implantando, llegando hasta el 100 por 100 por tonelada excedida.
El reto de los Estados Miembros es alcanzar el objetivo establecido, sin embargo ello va a ser paulatino. En el caso español, se le ha concedido la segunda cuota más generosa de emisiones bajo el Protocolo, puesto que se ha limitado las emisiones a un 15% superior a las correspondientes a 1990, siendo que la media de la Unión Europea se sitúa en un 8%, sin embargo hay que hacer un esfuerzo importante por cumplirlo.
El Gobierno ha elaborado el Plan Nacional de Asignación (PNA) que asigna 174,56 millones de toneladas equivalentes de CO2 a 972 actividades industriales: la generación de electricidad, el refino de petróleo, la producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel, y cartón.
La repercusión en España ha sido importante fundamentalmente en el sector eléctrico, que se ha convertido en el protagonista tras la entrada en vigor del Protocolo. Casi la mitad de los derechos de emisión se han destinado a este sector, seguido, pero con mucha diferencia, del sector del cemento y el refino de petróleo,
Lo cierto es que ha habido cierta polémica en la asignación de las cuotas de emisión, puesto que las principales compañías eléctricas no alcanzaban ningún acuerdo. Endesa se erigía en líder de quienes pedían un trato más favorable para las centrales que producen electricidad a través del carbón, mientras que Iberdrola abogaba por impulsar los ciclos combinados que emplean como combustible el gas natural.
Finalmente las dos principales compañías del sector quedaron satisfechas con los derechos recibidos.
Los datos correspondientes a enero, no han sido muy alentadores, puesto que las compañías eléctricas hicieron uso del 14% de las emisiones de C02 debido principalmente a la sequía y a la fuerte demanda energética por las sucesivas olas de frío que ha vivido nuestro país este invierno, si bien se prevé que las emisiones se minimicen con la llegada de los meses cálidos.
En el caso de que las compañías afectadas por el Protocolo de Kioto, continúen la tendencia de los primeros meses deberán adquirir nuevos derechos de emisión. En este sentido, parece que para las compañías eléctricas la aplicación del Protocolo puede suponer un coste de 450 millones de euros en 2005, debido a las emisiones máximas que tienen asignadas, y que pueden llevarles a la necesidad de comprar más derechos de emisiones de los inicialmente asignados a ellas.
El Protocolo, sin duda, ayudará a mejorar el medioambiente si bien se tiene que alcanzar un equilibrio en que la producción industrial española no se vea perjudicada frente a otras. La creación del mercado medioambiental, en el que se prevé que la compraventa de derechos de emisión de gases contaminantes moverá en el 2010 en torno a doscientos millones de euros y que está moviendo ya en Europa treinta millones de euros, será un elemento clave para conseguir el equilibrio deseado entre el medio ambiente y la optimización de los recursos industriales españoles. Desde principios de enero se ha creado una Bolsa europea de CO2 en el que se realizan operaciones de futuro, no tendrá sede física, sino que será en soporte electrónico, siguiendo la huella del mercado de materias primas de Chicago.
El Protocolo de Kioto va a marcar, sin lugar a dudas un antes y un después no sólo en la industria española, principalmente aquellas que se han visto afectadas por sus implicaciones y del que ya han sacado partido empresas de consultoría e intermediarios financieros, que han encontrado en el CO2 un nuevo negocio. Todo sea por la preservación del Medioambiente.
