Miles de ciudadanos se manifestaron el pasado 23 de febrero para expresar su rechazo al retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años, pero el inexorable envejecimiento de la población obliga, sin embargo, a plantear de forma ineludible la reforma del sistema de pensiones. Un informe de la gestora británica Schroders muestra España como uno de los países más envejecidos del mundo en 2050. Las tendencias demográficas constituyen junto al cambio climático y el papel de los países emergentes en la economía global los tres grandes ejes que dominarán las estrategias de inversión futuras.
En 40 años, España pasará a tener 87 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, y la baja tasa de natalidad hará que el número de habitantes se reduzca en cinco millones. En el conjunto de Europa, el porcentaje de mayores de 65 años se duplicará en el transcurso de las próximas cuatro décadas. Aunque el 98% del crecimiento de la población mundial procederá de países emergentes, la evolución no será homogénea: mientras China afronta un rápido envejecimiento de consecuencias directas sobre su potencial de crecimiento, el 25% de los nuevos habitantes de la Tierra procederá de la India.
Tres son los factores fundamentales que impulsan las tendencias demográficas: mortalidad, fecundidad y emigración. En el caso concreto del envejecimiento de la población, este puede producirse por cambios en los estratos superiores de la pirámide (personas de más edad) debidos a mejoras en la atención sanitaria, nutrición o higiene; o bien en los estratos inferiores (personas más jóvenes), como por ejemplo, por descensos de la fecundidad, fruto del desarrollo económico, acceso a los anticonceptivos o empleo femenino.
Inicialmente, en España tuvo una mayor repercusión este segundo tipo de cambios, a pesar de que las tasas de mortalidad cayeron más rápido que las de fecundidad. Este resultado, aparentemente contradictorio, se dió porque las mejoras iniciales en la mortalidad suelen ser resultado del descenso de la mortalidad infantil y un menor número de nacimientos durante el parto, de ahí que la población aparentemente rejuvenezca, aunque en realidad envejezca.
Los descensos adicionales en la mortalidad sólo provocan un envejecimiento de la población cuando esta ha alcanzado una esperanza de vida al nacer relativamente alta, agravada en el caso español por la tasa de paro juvenil y el elevado precio de las viviendas.
Otra de las consecuencias funestas es la que afecta al régimen de pensiones, agravada porque a la hora de jubilarse, el sistema público español garantiza una retribución media equivalente al 80% del salario percibido durante la vida laboral, frente al 45% de media ofrecido en la OCDE. Sólo el aumento de la esperanza de vida pone en cuestión la viabilidad de este sistema.
Un informe publicado recientemente por el FMI alerta como el coste de la crisis financiera actual apenas supone el 10% del coste del envejecimiento de la población en España (estimado en un 650% del PIB). A largo plazo, la presión creciente sobre el gasto público inevitablemente tendrá implicaciones para los saldos presupuestarios primarios y la deuda estatal, aunque la elaboración de estimaciones concretas resulte extremadamente compleja.
Desafortunadamente, el envejecimiento y descenso de la población solo podrán “ajustarse” si se vuelve a unas tasas de mortalidad o fecundidad elevadas, y las políticas públicas deberían apostar por esta segunda vía, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en Francia. Aunque en España haya aumentado la tasa de fecundidad en la última década, resulta todavía poco probable que al aumento facilite el relevo generacional sin necesidad de incentivos externos expresos (tal y como han realizado en el 44% de los países europeos).
Volviendo a mirar a nuestros vecinos, conviene destacar el carácter pionero de sus medidas (el Código de Familia francés data de 1939), y sus políticas de fomento de la natalidad incluyen no solo atractivas reducciones fiscales para familias numerosas sino también generosos permisos de maternidad y paternidad y cuidados infantiles asequibles.
Aunque se incorporen políticas públicas explícitas, deberán además lidiar con los problemas estructurales antes citados (paro juvenil, coste vivienda), y no existe una única solución demográfica viable para España, pero sí opciones para mejorar y gestionar las consecuencias negativas del envejecimiento de la población. Dado que el PIB depende directamente del empleo y la productividad, deben potenciarse al menos una, sino las dos variables para generar crecimiento si se quiere cubrir en mayor medida las necesidades de un % de población jubilada cada vez mayor. Y casualmente, estas variables también resultan prioritarias para salir de la crisis actual.
