Valencia, 12 de febrero 2020
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, junto con la firma de servicios profesionales Grant Thornton, ha organizado una Jornada titulada “El Cumplimiento normativo de las empresas, referencia especial a las entidades de naturaleza pública”.
En la apertura, Germán Rodrigo, Socio de Fiscal de Grant Thornton, ha explicado cómo solo el 9% de las pymes españolas han implantado un sistema de compliance penal.
Las principales ventajas de la implantación de estos sistemas son cumplir con la normativa del nuevo código penal y ley de sociedades de capital, así como definir la responsabilidad de administradores, directivos de empresas y de gestores de entidades públicas (organismos públicos, fundaciones o sociedades públicas) frente a posibles contingencias.
Fernando Lacasa explicó que “dependerá de los medios que tengamos en la empresa o entidad, para diseñar un modelo de implantación de compliance penal, pero que se pueda cumplir, y luego ya lo iremos perfeccionando”. Teniendo en cuenta que la norma establece que se tendrán en cuenta aquellos controles que estuvieran antes de la comisión del delito, Fernando indicó que “la doctrina debe elaborarse dentro de una cultura ética”.
En relación al Compliance Fiscal, Juan Melero incidió en su importancia “ya que sirve para evitar la imposición de sanciones tributarias” y estableció al objetivo del Manual de Buenas Prácticas Tributarias como una norma que “establece un marco de referencia completo, aplicable a todas las organizaciones de todos los tamaños y actividades, tanto del ámbito público como privado”.
Por último, Soraya Muñoz centró su intervención en el whistleblowing (voz de alarma cuando se tiene conocimiento de un ilícito o una infracción) y explicó el contenido de la Directiva UE 2019/1937 en la que se establecen las premisas y procedimientos.
En el acto, que contó con la asistencia de más de cuarenta de empresarios y directivos, se abordaron estrategias de implantación de un sistema de compliance penal, tributario y laboral, a fin de cumplir con la normativa vigente, así como recomendaciones concretas para empresas privadas y entidades de la administración pública.
