La reciente escalada de los precios va a convertir la revalorización de las pensiones de este año en la más cara de la historia económica española. El Gobierno deberá asignar 3.024 millones de euros adicionales para compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación, que en noviembre alcanzó el 4,1% interanual, según datos provisionales. Se trata del mayor nivel desde enero de 2006, si se considera el índice general (el armonizado lo tocó en mayo). Las pensiones suben cada año al menos un 2% -objetivo oficial de inflación-, pero desde 1994 el Estado debe aplicar el alza real de precios, tomando como referencia el IPC de noviembre.
El desembolso de este año equivale, por ejemplo, a lo que gasta el Estado al año en pensiones no contributivas (aquéllas por las que el beneficiario no ha cotizado). En 2000, la inflación de noviembre alcanzó el mismo nivel que ahora, pero entonces había menos beneficiarios (ahora son casi nueve millones con los perceptores de prestaciones no contributivas) y la mensualidad era más baja. El objetivo de esta medida es que la subida de precios no erosione el poder adquisitivo de los pensionistas.
El hecho de que la inflación de noviembre sea muy superior a la media anual favorece a los pensionistas, pues ven crecer sus rentas un 4,1% en un ejercicio en que los precios avanzan de media un 2,65% en 11 meses. En 2006 ocurrió lo contrario: el IPC subió en noviembre menos que la media del año, por lo que perdieron poder adquisitivo.
Al confirmarse el dato, las pensiones en general subirán un 4,1%. Como ha ocurrido en toda la legislatura, el incremento será muy superior para las mínimas, que perciben unos 3 millones de personas. Este colectivo experimentará mejoras de entre el 5,1% para las no contributivas y el 8,6% en el caso de jubilados con cónyuge a su cargo. Estos porcentajes ya incluyen la desviación de inflación.
A la hora de determinar qué artículos fueron los que más contribuyeron al repunte de precios, parece claro el protagonismo absoluto del petróleo y de los alimentos en el alza de precios, así como que el impacto de estas subidas se extenderá, al menos, hasta el próximo verano. Las diferencias en la cotización del barril de brent son elocuentes: en noviembre del año pasado la media mensual no llegó a 60 dólares, mientras que ahora supera los 90.
Pero también es cierto que los precios de los bienes industriales siguen en niveles muy bajos, por debajo de la media europea, y que en los servicios no hay variaciones significativas. Esta evolución es un indicador de que la industria y los servicios apenas han trasladado el mayor coste del petróleo a sus productos finales, lo que los economistas llaman «efectos de segunda ronda».
Lo que tiene menos explicación es la inmediata traslación agudizada de las subidas en materias primas, en referencia a los repuntes en energía y alimentación. De hecho, el diferencial con la zona euro, en torno a 0,5 puntos porcentuales hasta septiembre, se ha doblado.
La economía se desacelera y la inflación se dispara, lo cual es una paradoja preocupante, ya que el efecto moderador de la competencia entre las empresas se queda corto, y los deberes están por hacer. Además de ello, el repunte de precios complica la próxima negociación colectiva: el IPC de diciembre determinará en cuánto tendrán que compensar las empresas a los trabajadores con cláusulas de revisión salarial por el desvío sobre la inflación estimada. Y, como ocurre con las pensiones, el desembolso será esta vez mucho mayor.
La elevada volatilidad de la inflación hace que pierda sentido anclar las revisiones de pensiones, salarios, tarifas y precios públicos a la tasa de inflación de un mes concreto, pues ello puede provocar distorsiones y efectos negativos sobre los costes relativos de España respecto al resto de la zona euro, con las consiguientes pérdidas de competitividad. Si como mal menor referenciamos dichas rentas al IPC, parecería más razonable utilizar un indicador más estable, como por ejemplo, la inflación subyacente (excluyendo de la inflación la energía y los productos frescos) o la inflación media de los últimos doce meses.
