En el Boe del día 11 de febrero se ha publicado el Real Decreto- Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que entró en vigor el día 13 del mismo mes, con el objetivo, según la exposición de motivos de la norma, de la “flexiseguridad”, es decir, de crear las condiciones para que remonte la contratación laboral, estableciendo un clima de seguridad entre los trabajadores.
El punto de partida para toda mejora es reconocer su necesidad, esto es reconocer la existencia de un problema. A nadie se le escapa que el mercado laboral español, que mantiene tasas de desempleo elevadas tanto cuando la economía está bien, como cuando está mal tiene problemas que hay que resolver.
Reconocida la existencia del problema, el método razonable de resolución obliga a buscar la causa origen del mismo y aplicar en presente medidas de contención y acciones de corrección definitivas.
Es cierto que la posición relativa de los distintos analistas puede hacer que existan diferentes opiniones sobre causas y acciones que deberían haberse puesto en práctica, pero no parece razonable, que en esta situación social grave, los interlocutores sociales hayan estado más preocupados por no perder los derechos de su estatus respectivo actual, fijado principalmente en el Estatuto de los Trabajadores, que por buscar la solución conjunta a un problema común. Y todo ello sin olvidar que no se trata de llevarse por delante todos los mecanismos de protección social de los que se ha dotado la democracia española.
Con esta táctica, todos los estratos implicados, tanto empresarios como trabajadores en activo, desempleados o la propia administración, perdemos la batalla para mantener un estado del bienestar, que cada vez lo es menos.
Tras este largo debate entre sindicatos y patronal, por fin la reforma está en la calle a través de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley, que pretenden crear las bases que permitan el crecimiento y la creación de empleo, atajar las causas de la economía sumergida y apoyar a los autónomos y a las pymes como grandes generadores de empleo.
Aunque, como dicen algunos, en las circunstancias actuales la reforma por sí sola, no va a impedir la destrucción de empleo a corto plazo, es cierto que acompañada de medidas de estabilización de los mercados financieros, nos situaría en una posición de potencialidad real para conseguir un futuro económico-laboral definitivamente sostenible.
Es erróneo simplificar considerando a la norma meramente abaratadora del despido, del mismo modo que una ilusión pensar que per se generará masivamente empleo.
Sólo el tiempo resolverá si en efecto, este marco normativo permite que las empresas sean más flexibles para adaptarse a las variables condiciones económicas y que el mantenimiento de su competitividad, evite que, ante condiciones desfavorables, no exista más recurso que los despidos masivos. Nos interesa a todos.
