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La paradoja de la austeridad en tiempos de crisis

Las subidas de impuestos son tan impopulares como los recortes de prestaciones públicas, y en buena parte debido a ello, las democracias adolecen de una tendencia innata hacia el aumento de los déficit públicos. Bajo estas circunstancias, resulta difícil controlar la excesiva prodigalidad de la clase política. En la mitología griega el sonido de las sirenas era tan seductor que los marineros subyugados eran estrellados contra las rocas; por eso Ulises se tapó los oídos. A lo mejor los gobiernos también deberían dejar de escuchar ciertas llamadas, sobre todo al existir menos margen para las finanzas públicas debido a la crisis.

Sabemos que a lo largo de la historia ha habido varios intentos por parte de los políticos de prevenir desde arriba la ruina de las finanzas públicas. El estándar oro fue una de ellas, y el anclaje del precio del dinero permitió que los intereses de los acreedores estuvieran protegidos, forzando a los gobiernos a recortar sus gastos.

Pero tanto este sistema monetario como su sucesor, el Bretton Woods fueron relegados, y se incorporó el sistema de los “vigilantes del mercado de bonos”. La idea era que los inversores pudieran boicotear las emisiones de deuda de los países más pródigos, y forzar a los gobiernos a disciplinar de nuevo sus sistemas fiscales. Aquella disciplina fue quebrada por las políticas de inversión llevadas a cabo por los bancos centrales en Asia, donde reciclaron sus superavits en forma de Bonos para poder seguir financiándose.

Ahora, los políticos alemanes están tratando de imponer su propia disciplina, de hecho, el pasado mes de mayo votaron restringir la posibilidad del gobierno de incurrir en déficits más allá del 35% del PIB hasta 2016. Comparando con el déficit previsto para el próximo año (incluyendo el presupuesto federal) previsto en un 6%. Incluso aunque la norma distinga entre déficit estructurales y déficit cíclicos, podría requerir que Alemania eleve los impuestos y reduzca drásticamente el gasto público en plena recesión, los mismos errores que se cometieron a principios de los años 30.

Quizás la propuesta no fructifere. Después de todo, la Ley Gramm-Rudman-Hollings de 1985, diseñada para equilibrar el presupuesto público de los Estados Unidos, ha sido eventualmente derogada. Y basta mirar al Estado de California para comprobar como medidas aparentemente adecuadas pueden conducir a un verdadero desastre fiscal, ya que son necesarios dos tercios de la mayoría en la actual legislatura para cambiar los impuestos, y los votantes han hecho uso de su derecho de veto para bloquear toda reforma. El resultado es que el Estado está en plena bancarrota. La Agencia de Calificación Crediticia Moody´s avisó el pasado 19 de junio de que bajaría la calificación de numerosas emisiones, los que supondría que el Estado con más población de USA sería oficialmente emisor de bonos basura.

El ejemplo de California es un amargo recordatorio de la actitud de superioridad mostrada frente a otros países (latinoamericanos y asiáticos) por parte de Europa y Estados Unidos en las crisis crediticias de los años 80 y 90. Aquellos países emergentes se suponía que eran demasiado inmaduros para controlar sus propias finanzas, pero los votantes de los países occidentales pueden probar ahora su propia medicina, todo ello en pro de la tan anhelada austeridad.

Los políticos mejor situados para controlar sus déficits pueden ser aquellos que dispongan de más margen legal. En el Reino Unido existe lo que se ha descrito como “dictadura de los electores”, el nuevo gobierno, cuyas quinielas apuntan a que será del partido conservador, heredará un desastre presupuestario, y además, deberá ser capaz de reducir el gasto público y elevar los impuestos sin paliativos, aunque sea a costa de perder popularidad. Los conservadores pueden cumplir con su obligación a costa de ser un gobierno de un solo mandato. La tentación, por supuesto, será eludir sus responsabilidades; anunciar el plan de recortar el gasto público, elevar un poco los impuestos sigilosamente, y confiar en que la economía se recuperará tanto como para resolver el problema.

Pero esta crisis puede ser diferente. En primer lugar, los ingresos fiscales pueden ser muy volátiles, debido a las economías de dependencia en el sector financiero, ya que la caída del sector financiero puede haber causado una merma permanente en las finanzas públicas. Además de ello, los problemas fiscales de largo plazo, generados por una población envejecida (costes de las pensiones y del sistema de salud) empezarán a sentirse a lo largo de la próxima década.

Es cierto que los gobiernos se han recuperado desde los enormes déficits arrastrados en el pasado, sobre todo después de las grandes guerras; pero las economías de posguerra muestran una tendencia natural hacia la recuperación, a medida que los soldados vuelven a trabajar, y las fábricas dejan de fabricar tanques para producir coches. Sin conflictos bélicos en Occidente, no hay lugar estabilizadores automáticos. El espíritu patriótico que apoya el consumo privado desde la austeridad no tiene todavía evidencia empírica. En lugar de ello, tal y como nos augura The Economist, lo más probable es que suframos una larga década de turbulencias políticas, dado que los votantes han descubierto que se acabó el champán y hay que pasar por caja.

Entretanto, el modelo de financiación autonómica español va revelando su complicada anatomía. El Gobierno está dispuesto a inyectar recursos extra en la tarta territorial (alrededor de 9.000 millones de euros), basándose en una previsión de ingresos. Debido a ello, numerosas autonomías pueden verse obligadas a devolver al Estado en 2011 parte de estos fondos, cuando Hacienda liquide la recaudación definitiva de impuestos de 2009.

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