Alan Greenspan afirmaba recientemente que los nuevos instrumentos ideados por la moderna tecnología financiera hacen que los balances de algunos bancos se queden obsoletos antes de que se seque la tinta con que están escritos. En este sentido, el supervisor no tiene más remedio que evaluar los bancos en función de los sistemas de gestión de riesgos que emplean, complementando, o incluso sustituyendo, el análisis de las cifras de sus balances. La supervisión tiene que enfocarse, cada vez más, en procesos, y menos en datos contables.
La desregulación y liberalización iniciadas hace tres décadas, unidas a la innovación tecnológica y el desarrollo de las finanzas, han propiciado una transformación incesante del sector financiero, con un crecimiento mayor al de la economía real (mayoritariamente concentrado en los mercados de valores y derivados), aparición constante de nuevos productos y servicios y una intensa reducción de los costes de intermediación.
Este proceso de consolidación y expansión ha tenido dos consecuencias estructurales de gran relevancia: el aumento del grado de concentración bancaria nacional e internacional, y la aparición de las denominadas LCFI (large and complex financial institutions), principales protagonistas de los mercados OTC (over the counter), no regulados.
La creciente participación de los bancos en los mercados de capitales ha aumentado su exposición al correcto funcionamiento de los mismos. Una caída pronunciada de los precios de los valores les afecta, al menos, por tres vías: la pérdida directa derivada de sus carteras de inversión, la reducción del valor del colateral tomado como garantía de los créditos, y la reducción de la calidad crediticia de las contrapartes con carteras significativas de valores.
Igualmente, los bancos han pasado depender en mayor medida de los mercados de capitales para gestionar su propia liquidez. Por una parte, por la diversificación de activos de las familias (al perder cuota los depósitos), incrementando el recurso a la financiación directa en el mercado mayorista, y por otro, el crecimiento explosivo de la titulización de activos.
Tradicionalmente, la supervisión bancaria se justificaba por dos consideraciones básicas: El grave coste inherente a las crisis bancarias, y la necesidad social de proteger a los depositantes. Estudios realizados desde el FMI han mostrado como el coste fiscal de las últimas crisis financieras ha superado con frecuencia el 10% del PIB del país afectado. No es de extrañar, por tanto, que el sistema bancario sea considerado un bien público, cuya estabilidad y funcionamiento eficiente forma parte del interés general, razón por la cual debe ser objeto de especial vigilancia y supervisión.
Por su parte, la consideración de la protección de los depositantes deriva de la manifiesta incapacidad de éstos, modestos, muy numerosos y desorganizados, para evaluar las entidades con las que operan, o el riesgo asumido. Dicha incapacidad proviene no sólo de la dificultad técnica de la evaluación, sino de la propia insuficiencia de la información precisa para efectuarla, y el elevado coste de conseguirla, razón por la que el sector público debe paliar la indefensión.
El sector bancario es un caso paradigmático de asimetría en la información, y por tanto, de generación de importantes externalidades, puestas estas últimas de manifiesto en el caso de las crisis bancarias, cuyo coste no es tenido en cuenta ni por los bancos en el precio de sus servicios, ni por el mercado en su valoración de los bancos.
La información es profundamente asimétrica en todas las dimensiones del negocio bancario. Por el lado del activo, el banco dispone de menos información que sus potenciales o reales prestatarios sobre la calidad y solvencia de sus empresas. Por el lado del pasivo, el depositante carece de información y medios para evaluar el banco. Desde el punto de vista societario, la información ofrecida por los gestores a los accionistas de la entidad a veces es inadecuada o escasa. Estas asimetrías generan graves problemas, dificultando que el mercado opere eficientemente.
Tradicionalmente, el origen de las crisis bancarias residía en la inherente fragilidad del negocio bancario, basado en financiar activos ilíquidos a largo plazo con pasivos líquidos a la vista. La transformación temporal de plazos y vencimientos que constituye la esencia de la función bancaria requiere del nítido mantenimiento de la confianza del público. La pérdida, fundada o infundada, de esta confianzas en un banco, origina una retirada masiva de depósitos que no puede ser atendida por la falta de liquidez del activo, y obliga a cerrar la entidad.
La asimetría de la información dificulta la solución del problema de la entidad, y a su vez, facilita su extensión o contagio a otras entidades y al sistema en su conjunto. Las entidades solventes sufren el problema de la desinformación del público. Incluso los depositantes bien informados, que conocen la solvencia de la entidad retiran sus depósitos por el temor a que el pánico de los desinformados genere su crisis.
En situaciones de crisis, el mercado interbancario, mejor informado, y que permitiría resolver el problema de iliquidez de las entidades solventes en dificultades, desaparece ya que, por miedo, todos los bancos reservas los recursos líquidos disponibles para sí mismos.
De ahí que los instrumentos con los que se cuente en la actualidad para afrontar las crisis financieras sean:
1. Configuración del Banco Central como prestamista de última instancia con la misión de inyectar liquidez a las entidades solventes en dificultades, y al mercado en general.
2. Mecanismos de garantía de depósitos que evitan el pánico de los pequeños depositantes y la retirada precipitada de sus fondos.
3. Una supervisión bancaria eficiente y bien informada que sea capaz de valorar, en todo momento, la situación financiera real de las entidades y pueda prevenir su comportamiento irresponsable, o incluso delictivo.
En este contexto, el objetivo del nuevo acuerdo de Basilea II es potenciar la estabilidad financiera, regulando de forma más eficiente y completa la actividad de intermediación, al reconocer explícitamente que el mantenimiento de un determinado nivel de capital por parte de una entidad financiera es condición necesaria, pero no suficiente, para su solidez. En consecuencia, se articula en torno a tres grandes pilares, reforzados mutuamente: capital mínimo, sistema de supervisión bancaria efectivo y disciplina de mercado.
