La entrada en vigor de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado está muy próxima, esta misma semana el Congreso envió el proyecto de Ley al Senado para dar el último paso antes de su entrada en vigor.
La nueva norma está enmarcada dentro del programa profundo de reformas que el Gobierno está poniendo en marcha para mejorar la competitividad de la economía española y según su impulsor el Secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, es profundamente autonomista, sólida y constitucionalmente irrebatible.
Con ella se pretende superar la dificultad de entrada de la inversión extranjera por la fragmentación del mercado español en 17 submercados así como la inseguridad jurídica que para los operadores ocasiona la proliferación de normas, a menudo contradictorias entre sí.
El núcleo fundamental de la nueva ley es el principio de licencia única por el cual, una empresa con licencia de actividad concedida por una determinada comunidad autónoma en la que tiene su sede jurídica, puede sin más requisitos, extender su actividad en todo el territorio nacional.
Las empresas dispondrán de garantías para que los beneficios del mercado único no sean vulnerados por normas autonómicas, con excepción de los productos y servicios sometidos a restricciones especiales (productos explosivos, mercancías peligrosas, medio ambiente, etc.).
Al efecto la ley recoge la puesta en marcha de registros electrónicos y bases de datos sectoriales para el intercambio de información entre administraciones .Además prevé la creación de un Consejo para la Unidad de Mercado que estará formado por representantes de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y deberá impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado y velar por la efectiva integración de los registros sectoriales. Asimismo está previsto un procedimiento ante la recien creada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la impugnación de los actos administrativos que obstaculicen la libre circulación de productos y servicios
En síntesis el Gobierno pretende aplicar una estrategia de simplificación administrativa que además de incentivar la inversión mediante el aumento de la seguridad jurídica, tenga efectos macroeconómicos por aumento del PIB del 0,15% anual durante diez años, como consecuencia de la reducción de las cargas administrativas, que liberarán recursos para aplicar al trabajo productivo.
En un momento tan complicado de la economía española, cuando algunos indicadores generales salen de la zona roja pero todos sabemos que queda un largo camino hasta la zona de confort de la economía real, es de esperar que en el trámite del Senado los grupos políticos huyan de los sectarismos ideológicos y colaboren en la obtención del mejor texto legislativo posible.
