Las entidades financieras tienen por delante la tradicional temporada de comercialización de planes de pensiones y previsión de la jubilación. Independientemente del producto financiero que se pretenda contratar, se ha de tomar conciencia que el mejor camino para garantizar un nivel de renta en la edad dorada igual a la actual pasa, necesariamente, por hacer previsión.
Las estadísticas reflejan que las familias españolas distan de sus homólogas europeas en cuanto a inversión y ahorro en productos a largo plazo. De hecho, podemos reseñar que sólo el 14% de los activos financieros totales están invertidos en fondos de pensiones y seguros, cuando el promedio europeo se sitúa en el 37%. Aún así, existen otros productos con vencimientos a largo plazo que tampoco son utilizados en España. Los fondos de pensiones y acciones cotizadas, que serían otra alternativa de ahorro, se sitúan en el 12%, cuando la media europea es el 17%. Pero los españoles sí ahorran, lo hacen en productos considerados más conservadores (seguros y líquidos) como los depósitos bancarios. Aquí sí tenemos mayor inversión que la media europea, un 50% frente un 34%. ¿Es suficiente?
Pues teniendo en cuenta que el actual sistema de pensiones público no puede garantizar las pensiones futuros, se debería analizar el esfuerzo a realizar. La pirámide poblacional lleva varios años sufriendo un cambio estructural muy importante que impacta en las cuentas públicas. Debido a que el aumento de gasto en pensiones será cada vez un mayor porcentaje sobre el PIB, pues a menor población en edad de trabajar y más población pensionista, se crea mayor tensión en el sistema. Por dicho motivo, las administraciones públicas españolas, al igual que en la mayoría de países avanzados, se lanzan a realizar diferentes políticas que permitan cambiar la tendencia.
La actuación a través de la política fiscal instaurando incentivos por las aportaciones a planes de pensiones, ha sido una vía tradicional. En los últimos años se han modificado las ventajas para adecuarlas a las capacidades de ahorro de las familias, y al mismo tiempo, minimizar el impacto fiscal en las cuentas públicas. Desde diferentes ámbitos del sector se pide una revisión de la fiscalidad de estos productos financieros.
Otra vía de actuación ha consistido en ampliar la edad de jubilación para que la real y la teórica sean cada vez más parecidas, evitando así las prejubilaciones. Para ello, también se establecen porcentajes de reducción de la pensión a recibir en función de los años anticipados respecto a la edad reglamentaria, o por el lado contrario, aumentar la pensión en caso de retardarla.
La modificación más reciente, y que ha creado cierto revuelo social, ha consistido en revisar la fórmula de cálculo de las pensiones, el periodo de cómputo de trabajo tenido en cuenta y sobre todo, la introducción de un mecanismo de revalorización que se vea afectado por la capacidad financiera real del sistema público de empleo, es decir, a mayores ingresos y contención del gasto mayor incremento (existiendo unos límites inferiores y superiores).
En definitiva, se pretende realizar los cambios necesarios en la política pública de pensiones y, en la costumbre financiera de los españoles, para hacer un sistema viable en el largo plazo.
