Una consecuencia positiva ocasionada por la crisis, es la disminución del déficit por cuenta corriente, que ha pasado del 10% del PIB en el año 2000 al 3,5% en 2011. Esta corrección viene derivada por una menor importación de mercancías, principalmente de bienes de equipo, bienes de consumo duradero, sector del automóvil y semimanufacturas no químicas; que a, su vez, es fruto del descenso en el gasto que están sufriendo los hogares y empresas españolas. Dichos agentes económicos se encuentran inmersos en un proceso de desapalancamiento financiero para mejorar su solvencia disponiendo, al mismo tiempo, de recursos que destinar a nuevo gasto. Este ajuste positivo en la balanza de pagos hubiera impactado más de no ser por la escalada del precio del petróleo durante el periodo 2007 a 2011, que afectó a la economía española debido a su fuerte dependencia en la energía.
Por otro lado, las exportaciones españolas siguen ofreciendo datos interesantes en cuanto mejora de la competitividad de la economía nacional, vía calidad y productos de valor añadido. Durante el 2011, el 53% de las exportaciones tuvieron la zona euro como destino de las mismas, aunque van tomando cada vez mayor relevancia otros países (China, India o Rusia). Por tanto, las compañías exportadoras deberán de trabajar en ampliar sus destinos, así como ofrecer mayor diversidad de productos y servicios de alto valor añadido.
España ha sufrido durante años un proceso de desindustrialización, cuyas consecuencias se ven reflejadas en las tasas de paro mantenidas en el tiempo, es decir, en la reubicación hacia otros sectores. No existe un sector industrial fuerte que pueda tirar de la economía a través de las exportaciones de sus productos. Si se realiza un apoyo estable a las empresas implantadas en España para incentivar sus exportaciones, se estarán creando puestos de trabajos que permitirán la disminución del desempleo, pero también y no menos importante, un aumento de la demanda y por tanto mayores ingresos fiscales. Desde Bruselas se pide al gobierno que continúe con su proceso de ajustes para reactivar la economía, sin dejar de lado la estabilidad presupuestaria a largo plazo y corregir el exceso de desempleo existente.
El sistema normativo español puede ser considerado complejo con diversos entes legisladores (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales) emitiendo leyes en ocasiones incompatibles, por lo que una armonización interna mejorará la claridad, así como una mayor seguridad jurídica. Asimismo, sería aconsejable trabajar para facilitar la implantación de centros de producción en diferentes comunidades.
Un aspecto bastante polémico es la reforma laboral aprobada. Aunque se puede pensar que se usa como vehículo para presentar expedientes de regulación de empleos, también está manteniendo muchos otros puestos de trabajo, debido a la mayor flexibilización en las condiciones laborales.
España es dependiente energéticamente hablando, y se han realizado esfuerzos para crear un sector potente en las energías renovables que, por motivos de ajustes presupuestarios, se han esfumado en el tiempo. Parece haber llegado el momento de replantear la estrategia energética por el bien de nuestra competitividad y mantenimiento del medio ambiente.
Todos estamos de acuerdo en que para salir de la crisis lo más importante es crear empleo porque así se evitará el desgaste social, se incrementa la demanda interna y los ingresos fiscales. Eso sí, tomando medidas para evitar el sobreendeudamiento público e incluso privado.
