Una de las piezas clave en cualquier mercado financiero, y que por una serie de causas acontecidas en la economía mundial, ha venido marcando la trayectoria de los mercados desde hace varios años, es la Transparencia.
Para garantizar esta Transparencia, la Información se convierte en una cuestión esencial. Existen una serie de condiciones que hacen que los mercados funcionen de manera eficiente y transparente, y que todos los agentes que participen en ellos, sean capaces de tomar sus decisiones de inversión o financiación de forma adecuada, asumiendo los riesgos inherentes en el mercado. Para ello, la información que se transmite al mercado debe ser relevante para todos los inversores, correcta y veraz, transmitirse de forma simétrica y equitativa, y en tiempo útil.
Para mejorar y potenciar la transparencia, se han establecido una serie de mecanismos con el objetivo de reforzar la imagen de los mismos y recuperar la credibilidad de los inversores:
* Por un lado se encuentra, La Ley de Transparencia 26/2003, que impone obligaciones de transparencia y un nuevo régimen de deberes de lealtad y fidelidad de los consejeros y directivos a las sociedades cotizadas.
* Y la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado 2004, que ha introducido una serie de modificaciones en el sistema financiero para mejorar su eficiencia y transparencia.
En cuanto a la Ley de acompañamiento, que actualmente se tramita en el Senado, cabría señalar varias modificaciones que afectan de modo significativo al sistema financiero:
En primer lugar, se va a regular la Titulización sintética de préstamos y otros derechos de crédito, operaciones que permiten transmitir el riesgo de crédito de una cartera de activos al mercado de capitales a través de un Fondo de Titulización, sin que se produzca la cesión de los activos al Fondo, como en el caso de la Titulización tradicional.
En segundo lugar, se contemplan unas modificaciones relativas a las sociedades cotizadas. La ley 44/2002 creó los Comités de Auditoria, para todas las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, con esta modificación la ley pretende concretar la estructura organizativa de estos Comités, así como las competencias a desarrollar.
Otro punto de la norma a señalar sería la exigencia de consolidación contable de todas aquellas sociedades en las que, aún sin tener una participación mayoritaria, dispongan de una unidad de decisión reconocida.
La ley también introduce el concepto de “Valor Razonable”, que se aplicará a la valoración de determinados activos y pasivos financieros, como por ejemplo carteras de negociación (o se califiquen como disponibles para su venta), e instrumentos financieros derivados. Este valor se calculará con referencia a un valor de mercado fiable, si no se pudiese determinar un valor de mercado fiable, se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración en términos que reglamentariamente se determinen, y si, aún así no fuese fiable, se valorará por su precio de adquisición.
Otra novedad es la de aplicación al Régimen Simplificado de formulación de Cuentas Anuales. En la actualidad son pocas las empresas que se pueden acoger a este régimen, si bien, con la modificación de la Ley, se podrán acoger a él todas las empresas, sea cuál sea su forma jurídica, que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: tener menos de un millón de euros en activos, menos de dos millones de euros de volumen de negocios y no más de diez trabajadores.
Además de todas estas medidas destacar, la creación de un nuevo organismo denominado Consejo de Contabilidad, que tendrá como finalidad la coordinación e interpretación de las normas de contabilidad entre los distintos organismo que actualmente se encargan de la aplicación de estas normas en determinados sectores, como son el Banco de España, la Dirección General de de Seguros, la CNMV y el ICAC.
El objetivo es unificar criterios relativos a las normas de contabilidad y evitar discrepancias en su interpretación. En la actualidad el Banco de España elabora las normas contables que afectan a las entidades financieras; la Dirección General de Seguros, las del sector de aseguradoras; la CNMV, las de las sociedades cotizadas y el ICAC, las del resto de empresas que operan en España.
Con todas están modificaciones en la Ley, que suponen mejoras, y que en realidad son instrumentos, se pretende reestablecer la confianza en los mercados y en la economía en general, perdida en parte por los recientes escándalos contables provocados por diversas empresas.
La liberalización creciente del sector financiero se ha visto acompañada por el paralelo fortalecimiento de la regulación pública, para garantizar la igualdad de todos los participantes del mercado, y evitar las prácticas abusivas a través del establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que refuercen la imagen de transparencia del Sistema. De esta forma, se recupera la credibilidad de los inversores, y se facilita el libre acceso y difusión de la información en igualdad de condiciones y normas de conducta.
