Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ultima oportunidad

La Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude que entró en vigor el pasado 31 de octubre, establece que las rentas declaradas por los contribuyentes materializadas en bienes y derechos situados en el extranjero no van a prescribir nunca, y tributarán a la escala general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con imposición de sanción del 150% de la cuota no ingresada.
No obstante, los contribuyentes de IRPF, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, van a poder acudir a un plan extraordinario de regularización fiscal, por el que se pretende aflorar rentas ocultas generadas hasta el 31 de diciembre de 2010.
El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo de presentación de la Declaración Tributaria especial y confidencial, con la finalidad de que los contribuyentes puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias, regularizando también situaciones pasadas, siempre y cuando las regularizaciones voluntarias se efectúen antes del inicio de las actuaciones de comprobación o investigación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella.
En el supuesto de no acogerse a esta medida, los titulares de bienes o derechos situados en el extranjero no declarados, se arriesgan a la aplicación de sanciones, abono de intereses y recargos así como, en su caso, a la imputación de responsabilidad penal.
Este plan de regularización, para algunos una amnistía fiscal, está inspirado en modelos aplicados en otros países europeos, y orientado por el pragmatismo recaudatorio que requiere la situación económica del país.
La norma, muy compleja en el tratamiento de la regulación, ofrece seguridad jurídica a quien se acoja a ella presentando voluntariamente una declaración especial de elementos patrimoniales y rentas no declaradas, e ingresando un gravamen que no superará el 10% de lo no declarado en su día.
Aunque los primeros datos oficiales que ha proporcionado la Agencia Tributaria sobre la marcha del plan no parecen arrojar los resultados esperados, ya que muestran que, hasta julio, sólo se ha recaudado 50,4 millones de euros. Las fuentes oficiales estiman que a su vencimiento el plan podría aflorar como mínimo 1.500 millones de euros.
A estos efectos, el Ministerio está haciendo durante estas últimas semanas una gran presión sobre los principales bufetes para que convenzan a sus clientes de utilizar la regulación. Mientras tanto, el sector de asesoría especializada, está realizando peticiones de prórroga en el calendario previsto.
Sin embargo, regularización o amnistía, el ministro Montoro lo ha dejado claro, el tiempo se acaba y el treinta de noviembre es……… la última oportunidad.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email